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(Por Joan Coscubiela)

SinPermiso, 21 de septiembre.- Este texto que reproducimos sobre la defensa en el Congreso de los Diputados de una renta mínima garantizada de ciudadanía (RGC) tiene interés. Por varias razones.
La primera de ellas es que describe una situación social de forma muy pertinente, la segunda es que defiende una medida, la RGC, que representaría un alivio de la situación social para muchos millones de personas del Reino de España (motivo suficiente para apoyar esta medida defensiva ante las grandes agresiones a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría no rica de la población).
Y tercero porque creemos que esta intervención es un buen motivo para recordar las grandes diferencias que existen entre una RGC y la renta básica (RB).
Y por qué en Sin Permiso hemos defendido que hay más razones políticas y técnicas para defender una RB que una RGC. Hemos publicado unos cuantos artículos en donde se expone las diferencias entre una medida y otra. Por ejemplo: aquí, aquí, aquí y aquí. [SP]
Texto de la intervención de Joan Coscubiela en el Congreso de los Diputados, en nombre del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, sobre la proposición no de ley para la regulación de una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía.
Señorías, en nombre del Grupo de Izquierda Plural planteamos una proposición no de ley para la creación de una renta mínima garantizada de ciudadanía.
Con ella queremos dar respuesta al principal problema que tiene hoy nuestra sociedad, a un verdadero drama social, la existencia de un número cada vez mayor de personas en situación de desempleo, en muchísimos casos desempleo de larga duración, que no reciben ningún tipo de rentas.
Nuestra proposición de ley parte de tres premisas que espero compartan todos los grupos de la Cámara.
◊ Primera premisa, la existencia en España de 3,5 millones de personas desempleadas de larga duración, de las cuales el 74% no tiene ningún tipo de prestación, no percibe ninguna prestación, lo que comporta que haya en estos momentos en España 770.000 familias que vivan en hogares donde no entra ningún tipo de ingreso.
◊ Segunda premisa, con independencia de la opinión que cada uno tenga sobre la recuperación de la economía, con cada vez más sombras por el empecinamiento de los teólogos del austericidio, parece evidente que el crecimiento económico no va a resolver por sí solo este drama, por muy bien que se dé.
Todo apunta además a que colectivos muy importantes de personas, especialmente con escasa formación, van a continuar en desempleo de larga duración durante los próximos años.
◊ Tercera premisa, la cobertura de estas situaciones de necesidad es hoy no solo absolutamente insuficiente sino absolutamente irracional. Les recuerdo que hay cinco tipos distintos de prestaciones asistenciales dependientes del Servicio Público de Empleo: subsidio asistencial, renta agraria, programa Prepara, eventuales agrarios y renta activa de inserción; todos ellos con regulaciones y condiciones de acceso distintas.
A ello se suma una red confusa de prestaciones económicas de algunas comunidades autónomas -no todas- que, con nombres distintos -salario social, renta de inserción y otros-, se han venido estableciendo en las dos últimas décadas para intentar cubrir el vacío dejado por la Administración del Estado.
Se trata de regulaciones absolutamente heterogéneas, con condiciones de acceso muy distintas entre ellas y grados de cobertura muy dispares.
El resultado es una total ruptura del principio de igualdad de los ciudadanos, no solo entre distintas comunidades autónomas, sino entre parados de la misma comunidad autónoma, porque recuerden que muchas de estas prestaciones de las comunidades autónomas, en la medida en que están condicionadas por créditos presupuestarios cerrados, las perciben los primeros que las solicitan, no quienes más las necesitan, con lo cual la irracionalidad es completa.
El resultado de todo ello es conocido: un programa enquistado, unos poderes públicos que no dan respuesta al cumplimiento del mandato del artículo 41 de la Constitución española y, lo que es más grave, las escasas respuestas que se dan están provocando una grave discriminación entre las personas paradas en el acceso a esta situación.
Ello se produce en un momento en el que el Gobierno español, el Gobierno del Partido Popular, anuncia un ahorro de 5.000 millones de euros en prestaciones de desempleo para 2014, un ahorro en el gasto de desempleo que no es consecuencia de que haya menos desempleados, sino que ha caído la cobertura de estos desempleados, es decir, el nivel de protección de estos desempleados, como consecuencia de los recortes producidos en los últimos años, especialmente desde diciembre de 2011.
La Izquierda Plural cree que es urgente dar cumplimiento al mandato de la Constitución española en su artículo 41. Recuerden, sobre todo los constitucionalistas a tiempo parcial: “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes entre situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
Pues bien, treinta y seis años después ese mandato constitucional está insuficientemente desarrollado. Es sobre la base de esa realidad sobre la cual nuestro grupo plantea la creación de una nueva prestación de Seguridad Social, y lo hacemos con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas para que puedan desarrollar o ampliar en el ámbito de sus competencias estas políticas u otras de inserción sociolaboral.
Este es el objetivo de nuestra renta mínima garantizada de ciudadanía: mínima, porque la percibiría cualquier persona en situación de desempleo carente de otras rentas, sea cual fuere el lugar en el que viva, y ello, insisto, sin perjuicio de la capacidad y competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para completar esta renta u otras políticas sociales.
Garantizada, porque se establece como un derecho que debe ser reconocido como tal, como un derecho y no como una prestación graciable sometida a las disponibilidades presupuestarias de cada año de cada Administración.
Y de ciudadanía, porque el acceso a este derecho no se vincula a la existencia de un empleo previo o a la finalización de una prestación contributiva, como sucede en algunos casos ahora, sino a la condición de ciudadano que vive y trabaja en nuestro país en situación de desempleo y sin rentas.
La necesidad de esta renta mínima garantizada de ciudadanía ha sido planteada reiteradamente por las entidades sociales de todo tipo, últimamente con mucha fuerza por Cruz Roja, Unicef o Intermón, por todos aquellos que trabajan con las personas en situación de exclusión.
Incluso ha sido objeto de recomendaciones por el Consejo Económico y Social Europeo. Les recuerdo que la semana pasada la creación de la renta mínima tuvo el aval de los defensores del pueblo español y autonómicos, que en una declaración conjunta han reclamado su puesta en marcha como un instrumento útil para hacer frente a situaciones de pobreza severa.
El apoyo social a la existencia de esta renta mínima es cada vez más amplio y creo sinceramente que el Gobierno y el Partido Popular no pueden hacer oídos sordos a este clamor de la ciudadanía.
Nuestra propuesta plantea que tengan derecho a ella las personas mayores de edad que vivan legalmente en España y que carezcan de rentas superiores al Iprem. Lo desarrollamos expresamente en nuestra proposición.
Saben ustedes que además planteamos que la financiación iría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como ya sucede con las pensiones no contributivas, y que la gestión, como también sucede con estas, vaya a cargo de las comunidades autónomas en colaboración con las administraciones locales, a fin de facilitar la coordinación del conjunto de políticas de inserción sociolaboral.
Estamos profundamente convencidos de que el coste de la renta mínima no solo es asumible por los Presupuestos Generales del Estado, sino que es la inversión más justa y más eficiente económicamente que se puede realizar en estos momentos.
Primero, porque no se puede condenar a un colectivo tan amplio de la sociedad a permanecer en condiciones de pobreza e indigencia durante tanto tiempo.
Segundo, porque al final una parte de este gasto se realiza de manera muchas veces ineficiente por la vía de las coberturas que hacen y de los tapones, de los intentos de cubrir por parte de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, muchas veces en condiciones de precariedad económica y presupuestaria.
En tercer lugar, porque las redes de protección familiar y social no aguantan más el esfuerzo y presión que están soportando como consecuencia de la no intervención de la Administración General del Estado -esas redes de protección familiar y social están a punto de reventar, en algunos casos han reventado ya-.
Y en cuarto lugar, porque una sociedad en la que la solidaridad de las políticas públicas debe ser sustituida por la caridad no hace sino deteriorar las relaciones sociales y sobre todo someter a las personas necesitadas a una posición de sumisión económica y moral que es impropia de una sociedad civilizada.
Termino, señorías. El establecimiento de esta renta supondría la responsabilidad del Estado de las obligaciones a las cuales le mandata la Constitución española.
En estos momentos sería incomprensible que habiendo como hay, según el Gobierno, un ahorro del gasto en desempleo de 5.000 millones de euros, se diga que no hay recursos para establecer la renta mínima de inserción, sobre todo cuando el jueves discutiremos, y muy posiblemente se apruebe, una reforma fiscal que va a suponer 7.000 millones de ingresos menos para las arcas públicas.
Pido al Partido Popular que sea sensible a esta situación. Sabemos que lo mejor que se puede hacer por los parados es facilitarles el empleo, pero saben ustedes perfectamente que en la próxima década eso no se va a garantizar.
Hay que taponar de una vez por todas esa sangría y resolver ese drama humano y, sobre todo, hacerlo como corresponde a la dignidad de las personas. Esperamos que el Partido Popular vote esta proposición no de ley y que lo haga el resto de grupos de la Cámara.
No nos gustaría constatar que el Partido Popular es un defensor de la constitucionalidad a tiempo parcial y que su discurso de la igualdad de los ciudadanos es una mera retórica destinada a restringir los derechos democráticos a votar y no a garantizar los derechos sociales.
Esperamos, pues, que con el voto de todos podamos avanzar en el establecimiento de esa renta mínima garantizada de ciudadanía. Este es -y estas son mis últimas palabras- el verdadero pacto de Estado que está esperando la ciudadanía, un pacto para acabar con la pobreza y garantizar una vida digna a los ciudadanos de este país.
Muchas gracias.
*Joan Coscubiela es Diputado de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7309