(Radio intereconomía)
Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa Indígena. Londres, 7 de agosto.- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que los pueblos indígenas de Latinoamérica sufren por defender sus derechos humanos una "letanía de abusos", como "intentos de asesinato y secuestro, intimidación, ataques y discriminación".
La organización defensora de los derechos humanos recoge esa denuncia en un informe que publica hoy, víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
El documento, titulado "La Larga Lucha de los Pueblos Indígenas para Defender sus Derechos en las Américas", resalta las "muchas desigualdades y violaciones de los derechos humanos" a las que se enfrentan esos grupos minoritarios en "todo el continente americano", según AI, que cita casos concretos de Perú, Colombia y Paraguay.
"Los pueblos indígenas en las Américas continúan sufriendo una letanía de abusos. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras sufren represión violenta y abusos por manifestarse pacíficamente en defensa de sus derechos humanos", explicó la directora de AI para las Américas, Érika Guevara Rosas.
En el informe, AI también denuncia que, "comparados con otros ciudadanos", los indígenas tienen más "probabilidades de recibir salarios más bajos, tener menores niveles de educación, morir en el parto y tener una esperanza de vida más baja".
Según Guevara Rosas, "ha llegado el momento" de que los países latinoamericanos "reconozcan que no pueden considerase libres y justos" mientras sus comunidades indígenas "continúen sufriendo injusticias tan graves y discriminación sistemática".
La organización ha incluido en el documento "muchos casos" de "ataques físicos y actos de intimidación" perpetrados durante el pasado año contra "comunidades indígenas y sus líderes".
Entre otros, AI cita un suceso ocurrido el 20 de mayo en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia, donde "hombres armados intentaron asesinar" al activista Enrique Cabezas, quien hace campaña para lograr que su comunidad pueda regresar a esa zona.
Las autoridades colombianas han investigado el masivo desplazamiento forzado y despojo de tierras que sufrieron desde 1997 las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó, en la región de Urabá, cercana a la frontera con Panamá, por parte de paramilitares, militares y algunos empresarios palmicultores.
Además de la "violencia y la inadecuada protección" que ofrecen los gobiernos, AI recordó hoy que los indígenas sufren "a diario el dolor de la injusticia", sobre todo las mujeres, que hacen frente a "múltiples formas de discriminación por su cultura, clase o sexo".
A este respecto, la organización lamentó que la Justicia peruana diese carpetazo en enero a las denuncias de más de 2.000 "indígenas y campesinas pobres" que "fueron esterilizadas por las autoridades estatales en la década de 1990 sin su consentimiento pleno e informado".
"Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos de las Américas a que promulguen leyes y ofrezcan infraestructura encaminada a que los pueblos indígenas tengan acceso y disfruten de su derecho a la tierra, comida, educación, sanidad y (sean) libres de la violencia y la pobreza", dijo Guevara Rosas.
En cuanto a Paraguay, AI celebró que, "después de 20 años viviendo en condiciones de vida deplorables junto a una carretera principal", un grupo indígena de la región del Chaco haya recuperado sus tierras logrando una "victoria sin precedentes".
El pasado 11 de junio, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, proclamó una ley que manda expropiar 14.404 hectáreas de terreno en favor de los Sawhoyamaxa, expulsados de allí hace más de 20 años por un empresario alemán. EFE.
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