Prensa Indigena Inicio

  • Cua9A2.jpg
  • Adi11A.jpg
  • Pale9A.jpg
  • Pri4A.jpeg
  • Una12Ab.png
  • Diamu10Ab.jpg
  • Impo7Ab.jpeg
  • Usos17A.jpg
  • Ase10Ac.jpeg
  • Ase10Ae.jpeg
  • Decla6Ad.jpg
  • Acti12Aa.jpg
  • Propo12A.jpg
  • 102-9A3.jpeg
  • Diamu10Aa.jpeg
  • Elpre8A.jpg
  • Ra7A2.jpg
  • Amlo10A.jpg
  • 500-4A.jpeg
  • 25-15Ac.jpg

(Por Louisa Reynolds Noticias Aliadas)

Adital, 9 de abril.- En medio de la elevada tasa de asesinatos de mujeres en el país, jueces especializados abordan violencia de gênero.
El 15 de marzo del 2013, alrededor de las 9:30 am, Estéfani Julissa Estrada Neill, estudiante de leyes de 18 años de edad, del departamento de Quetzaltenango, en el altiplano occidental, se escabulló de su clase y se subió a una camioneta verde que estaba estacionada en la parte opuesta de la entrada principal del campus donde un joven la habría estado esperando.
 
Esa fue la última vez que sus amigos la vieron con vida. Pocas horas después, alrededor del mediodía, el cuerpo de Estrada fue encontrado en un camino de grava que lleva a la localidad vecina de Xecaracoj. Había sido estrangulada y su celular y billetera habían desaparecido.
Los compañeros de estudios de Estrada, quienes resultaron ser testigos claves en el caso, manifestaron a los investigadores policiales que la persona con la que la joven desapareció era su exnovio, Óscar Zacarías Ordóñez, de 18 años.
La pareja había estado saliendo clandestinamente por un año porque los padres de ella no aprobaban su relación y continuaron viéndose esporádicamente luego que rompieran. Estrada había confiado a sus amigos que temía estar embarazada y que su exnovio le había exigido no decirlo a nadie.
El registro de llamadas del celular de Estrada entregado por el operador del servicio mostró que antes de su muerte la estudiante había recibido una serie de llamadas de un número proveniente del municipio vecino de Olintepeque, donde residía su exnovio.
La policía registró la casa de Zacarías Ordóñez y encontró el celular y la billetera de Estrada, así como una evidencia espeluznante: dos fotografías de la joven muerta dentro del vehículo. Habían sido tomadas a las 10:52 am del día que fue encontrada.
Basado en esta evidencia y en los testimonios de los compañeros de Estrada, el Ministerio Público acusó a Zacarías Ordóñez de femicidio —homicidio por motivo de género— en un juicio a cargo de un nuevo tribunal especial en violencia contra la mujer.
El 26 de octubre fue condenado a 50 años de cárcel. El feminicidio ocurre cuando el Estado revictimiza a la mujer víctima de femicidio por su inacción y por no darle la debida importancia al caso. Algunos especialistas consideran el feminicidio como un crimen de Estado.
«»Cifras escalofriantes.
Estrada es una de las 759 mujeres asesinadas en forma violenta en Guatemala en el 2013, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), un aumento de 7% con relación al 2012. El 21% de esas mujeres fueron estranguladas, como ocurrió con Estrada, 69% acribilladas, 9% acuchilladas y en 1% los cuerpos aparecieron desmembrados.
En los últimos cinco años, 3,577 mujeres han sido asesinadas en Guatemala, país con el más alto número de femicidios de la región, de acuerdo con el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) perteneciente al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Guatemala también es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100,000 personas, en comparación con el promedio latinoamericano de 25 por 100,000 y el global de nueve por 100,000.
El juicio de Zacarías Ordóñez estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Quetzaltenango, uno de los cinco departamentos donde se han instalado cortes especializadas en crímenes de género luego de la aprobación de la Ley contra el Femicidio en el 2008.
"El primer efecto de la ley fue visibilizar el problema de la violencia contra la mujer y el hecho de que existe el femicidio, no como corolario del homicidio, sino como resultado de una situación desigual de poder.
Por eso hay derechos humanos específicos para ayudar a esos grupos a salir de esas condiciones de desigualdad”, explicó a Noticias Aliadas Hilda Morales Trujillo, jefa del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del Ministerio Público.
«»Importantes avances.
En el 2010, Guatemala se convirtió en el primer país del mundo en crear estos tribunales especiales y de hecho los resultados son alentadores.
De acuerdo con cifras suministradas por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ), mientras en los tribunales ordinarios menos de 10% de los delitos por femicidio y otras formas de violencia contra la mujer resultan en sentencias y condenas, en las cortes especiales supera el 30%.
"La expectativa radica en que el personal que trabaja en estos tribunales ha pasado por un proceso de capacitación profundo [en temas de género]. Eso trata de abrir la mentalidad para combatir los estereotipos que hacen que perdure la violencia, por ejemplo que a las mujeres les gusta que les peguen o que sólo a las mujeres pobres les pegan”, dijo Morales.
La mayoría de jueces a cargo de los casos son mujeres. Los tribunales también cuentan con profesionales en Psicología y en Trabajo Social, y tienen servicios de guardería para atender a los niños mientras sus madres rinden sus testimonios, de tal forma que el cuidado de los hijos no sea un obstáculo para que participen en los juicios.
"Esto ha fortalecido que las víctimas estén presentes. Antes presentaban la denuncia y luego ya no querían llegar. Hemos logrado que se empoderen y permanezcan en el proceso”, señaló a Noticias Aliadas la jueza Ana María Rodríguez.
Otra novedad es que estos tribunales registran el origen étnico de la víctima, edad y relación con el atacante, evidencias estadísticas cruciales para fines de investigación. Las cifras proporcionadas por el CIDEJ muestran que más de 60% de los agresores, como Zacarías Ordóñez, son esposos o parejas de las víctimas.
A pesar de los avances, la jueza Miriam Méndez del Tribunal de Femicidios en el céntrico departamento de Guatemala, afirmó que las deficiencias en el uso de las pruebas forenses y la excesiva dependencia en los testimonios continúan siendo un problema.
Angélica Valenzuela, directora del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), agregó que estos tribunales especiales no están operando en todo el país.
Tal como lo muestran las lamentables estadísticas, aunque la justicia basada en el género puede ser una luz de esperanza en la lucha contra la impunidad, todavía queda mucho por hacer para garantizar a las mujeres guatemaltecas su derecho a una vida sin violencia.
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=ES&cod=80135