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Adital, 20 de marzo.- Frente a un cuadro nacional marcado por acciones de represión de actos públicos y penalización arbitraria por el Estado colombiano de las personas vinculadas a los movimientos sociales, organizaciones internacionales se reúnen para proponer un debate sobre la criminalización de la protesta social en Colombia.
Un documento para promover la discusión se presentará el miércoles 20 de marzo en Ginebra (Suiza), durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
 
Según la propuesta, un contexto de agudización de problemas y desigualdades sociales, políticas y económicas del país ha provocado que se levanten diversas voces de inconformidad frente a los gobiernos, en que la oposición política y la movilización social han ejercido un papel protagónico y llevado a diferentes sectores a ejercer el derecho a protestar.
"La respuesta del gobierno ha sido asumir la globalizada ‘doctrina de seguridad nacional’, según el cual toda oposición o protesta social es tratada como ‘enemigo interno’ 'o' terrorista '", señala.
El documento destaca que la protesta social ha sido el objeto de una estrategia de represión y persecución que utiliza la prisión como el pilar central, afectando a los sectores más pobres del país y allanando el camino para la expansión de la desigualdad y de la transferencia de los recursos naturales colombianos al capital transnacional.
Para agravar la situación, la ley de seguridad ciudadana (Nº 1453), que reforma el Código Penal del país, aprobado 2011, funciona en el sentido de bloquear cualquier tipo de acciones colectivas que afectan el orden público, castigando a los involucrados con 48 meses de prisión y restringiendo sus derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión.
Según la Misión de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en el país, durante los años 2012 y 2011, se presentaron numerosos casos de activistas de derechos humanos detenidos individual y masivamente, por realizar actividades de protesta social.
Oponerse a el proyecto de minería [predatoria], contraponerse a cuestiones agrarias y participar en protestas estudiantiles.
El año pasado, la nueva ley ha sido aplicada como una herramienta de represión y el castigo a las manifestaciones y movilizaciones sociales, reprimiendo por la fuerza pública y dejando a por lo menos 902 víctimas de violaciones de derechos humanos, siendo 315 de ellas detenidas arbitrariamente.
El activista Pedro Osorio, dirigente de la Asociación ON Y VA, que encabeza la iniciativa para llevar el tema a la ONU, dice que la expectativa es que haya algún tipo de cooperación de la comunidad internacional en el caso de Colombia.
"Esperamos que (...) aquellos países que dicen ser defensores de derechos humanos llaman la atención del gobierno colombiano sobre la crisis social y política en el país ", indica Osorio.
En la actualidad, 90% del movimiento social colombiano provienen de los sectores campesino, agrario, estudiantil, los derechos humanos, sindical, indígena, afro descendientes, incluyendo a la oposición política.
Sólo durante el primer mes de movilización agraria y de Huelga Nacional Popular, iniciado en 19 de agosto de 2013, fueron criminalizadas 512 personas, además nueve activistas muertos y 800 heridos.
Participaron del amplio movimiento los sectores cafetero, arrocero, ganadero, minero y cultivadores de marañón, entre otros.
El Panel de "Judicialización de la protesta social" se celebrará en la sala XXIV del Palacio de las Naciones Unidas y, tendrá como expositores, a delegados de Colombia, Filipinas y el Sahara Occidental.
Contará también, con la participación de varias delegaciones internacionales que intervienen en del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Traducción: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=ES&cod=79853