Colombia: Hay una acción sistemática contra la paz

Recibido de Javier Arjona, corresponsal de Prensa Indígena. 13 de febrero.- Frente al exterminio: ¿Es llegado el momento de una acción decidida en el ámbito internacional para proteger la vida de líderes sociales en Colombia?
Persisten en Colombia los mecanismos de violencia privada, paramilitar y semioficial, apadrinada en sus ocho años de gobierno por el expresidente Álvaro Uribe, motivada por intereses de grupos políticos y económicos que usufructuaron duante seis décadas el conflicto, quienes propician y mantienen dinámicas de poder para asesinar y amenazar a líderes sociales y populares en los territorios.
Pese a la Colombia color rosa, edulcorada, que muestra la prensa hegemónica nacional e internacional, después de Haití, Colombia es el segundo país más desigual del hemisferio, donde persiste una fuerte dinámica de concentración de la propiedad rural, lo cual impide a miles y miles de campesinos acceder a suelos adecuados para cultivar.
Se ha despojado a millones de campesinos de sus tierras y se propició con ello la consolidación de amplios latifundios de ganadería y monocultivo.
Mientras ocurren a diario asesinatos de líderes populares, la respuesta sistemática del gobierno del sr. Santos es la de negar las dinámicas del terrorismo de Estado a reexponer la hipótesis de las manzanas podridas, mientras niega públicamente la comprobada existencia del paramilitarismo.
Santos vive su peor momento en el gobierno, con poca credibilidad, pero sigue llenándose la boca con la palabra paz, y alimentando los bolsillos de las élites con los recursos de la inversión y cooperación internacional para el “posconflicto”.
La paz más que un discurso o una posibilidad, es un anhelo y una necesidad del pueblo, pero junto a ella está la necesidad de conquistar escenarios de derechos, de garantías y condiciones de dignidad para las grandes mayorías que han estado excluidas y no aguantan más una realidad tan desigual e injusta como la que vive Colombia.
Los líderes sociales vienen siendo asesinados como parte de una acción sistemática contra la paz en los territorios y no como hechos de carácter privado o de delincuencia común. Cada asesinato y ataque implica un golpe a las posibilidades de la construcción de la paz y de avanzar hacia el posconflicto.
Los mecanismos de protección existentes (decreto 1066 de 2015 y su programa de protección a personas en riesgo, así como los derivados de los acuerdos de paz como la Comisión de Garantías de Seguridad y No Repetición) aún no acaban de armonizarse en detrimento del accionar social de éstos líderes que no han logrado acceder a la asistencia estatal.
Por esta razón es prioritario que la Comunidad Internacional tome carta sobre el asunto y adopte medidas que logren salvaguardar la integridad de los dirigentes sociales en el país, comprometidos en sus comunidades con la paz y la garantía de los derechos fundamentales.

La realidad en Colombia respecto del accionar de los activistas sociales es dramática, pues la violencia sigue focalizándose en personas de escasos recursos de lugares apartados carentes de infraestructura básica en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó.
Cifras del Programa Somos Defensores muestran que los homicidios contra estos líderes vienen en aumento sostenido desde que empezó el proceso de paz: en 2013 hubo 78 casos; en 2014, 55 casos; en 2015, 63; en 2016, 80.
En 2017 la cifra rompió la barrera de los 100 casos y en 2018 la situación no mejora y se torna aún peor con un registro de 18 líderes asesinados en los primeros 31 días del año.
http://www.redmas.com.co/colombia/onu-asesinato-lideres-sociales/<>

 

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